…. y lo único que van a tener en sus interminables noches de vela muchos de lo
colombianos de ahora en adelante, sobre
todo los habitantes de las islas de San Andrès, Providencia y Santa Catalina
que derivaban su sustento de la pesca artesanal en las aguas marítimas
adjudicadas por el alto tribunal al país centroamericano.
Las opiniones a favor y en contra del acatamiento del fallo
inapelable de la Corte de La Haya son muchas. Hay quienes están de acuerdo en
obedecer la decisión toda vez que el diferendo se sometió al examen de la CIJ
por decisión del gobierno de Pastrana; por respeto a los acuerdos
internacionales suscritos y al Pacto de Bogotà; por la tradición civilista
nuestra; y finalmente para evitar las consecuencias políticas y económicas en
el marco de las relaciones internacionales ( hay quienes catalogan el rechazo como
un “ suicidio diplomático “). Para el expresidente Ernesto Samper, Colombia
siempre ha sido un país de leyes y de soluciones pacíficas, por lo que "el ùnico camino
que cabe, por supuesto, es el del acatamiento, lo cual no quiere decir que
estemos satisfechos con la decisión". De la misma
postura es el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien a pesar de ser
partidario de acatar el fallo, instó al Gobierno a salirse del Pacto de Bogotá, que
impone la obligación para resolver los conflictos a través de medios pacíficos
y de forma inmediata.
Según Barreras, con esto se detendrían "los efectos perversos que pudieran derivarse de la réplica de este fallo en relación a los tratados y a las zonas limítrofes con otros países del Caribe". Igualmente habrìa que retirarse de la jurisdicción del Tribunal de La Haya para evitar entre otras cosas que Nicaragua interponga nuevas demandas con el fin de lograr otros beneficios en la zona marítima del archipiélago.
Según Barreras, con esto se detendrían "los efectos perversos que pudieran derivarse de la réplica de este fallo en relación a los tratados y a las zonas limítrofes con otros países del Caribe". Igualmente habrìa que retirarse de la jurisdicción del Tribunal de La Haya para evitar entre otras cosas que Nicaragua interponga nuevas demandas con el fin de lograr otros beneficios en la zona marítima del archipiélago.
En el caso del
acatamiento habrìa simplemente que acomodarse a la nueva realidad y cerrar esa
página de la historia, buscando entonces acuerdos favorables con Nicaragua
sobre navegabilidad y explotación pesquera, entre otros temas.
Otros, por el contrario, creen que es necesario rechazar de
plano el fallo y someterse a las consecuencias. De hecho a través de la
historia un puñado de naciones ( entre èstas Estados Unidos, Francia, Nigeria,
Argentina, Malasia, Rumania, Islandia y otras ) han desacatado la orden del
alto Tribunal asumiendo mayores o menores consecuencias. Entre estos
detractores acèrrimos està el expresidente Alvaro Uribe quien se ha expresado
asì: "derrumba la soberanía de la patria" y además afecta los
derechos sociales de los ciudadanos de San Andrés, al privarlos de ejercer la
pesca en mares colombianos.
"Sería un grave precedente para la Patria". “Es más importante la defensa de la soberanía, que acatar un
fallo que utilizó su competencia jurídica para derrotar a un país (…) Son
riesgos de tensiones, de dificultades y relaciones internacionales, pero todos
hay que enfrentarlos (...) La Corte no fijó un límite de aguas, sino que abusó”.
Según Uribe, Colombia tiene que actuar como si el fallo no existiera y
no aceptar que le quiten 75 mil kilómetros de mar, por lo que se deben asumir
los riesgos y dificultades que esto podría traer como tensión y dificultades en
materia de relaciones internacionales.
Lo que se requiere con urgencia ( una vez cumplido el plazo
de la lectura completa del documento del fallo y agotado el análisis jurídico )
es una postura clara y definitiva del gobierno: o acata la decisión y sigue
adelante con su “ plan de emergencia “ para el
departamento de San Andrès o la rechaza de plano y se prepara para
enfrentar las consecuencias, “ apretándose el cinturón “ como dijo una
sanandresana. Claro que esta opción traerìa inmediatamente la reacciòn airada
del presidente Ortega y de sus aliados; países
como Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y tal vez Iràn seguramente
cerrarìan filas en torno al gobierno de Managua. No sabemos hasta dònde pueda
llegar la tensión en las relaciones con estos países y la contraofensiva suya,
llegando quizás a malograr el proceso de los diálogos de paz con la guerrilla
que se vienen dando en La Habana, y eventualmente desembocar en una
confrontación armada de grandes proporciones. Todo esto hay que sopesarlo y
medirlo potencialmente. Porque dado el tinte político que rodearìa el asunto,
Colombia contarìa seguramente con el respaldo del gobierno estadounidense ( aunque lógicamente no con
los empresarios norteamericanos del petróleo ), respaldo privado y bajo la
mesa, desde luego (!?); e igualmente con el respaldo de otros tantos países que
enfilarìan baterìas contra el bloque de países liderados por Chavez desde
Venezuela. Podría haber un balance de fuerzas en ese sentido. ¿Pero que costo tendría para Colombia
retroceder en su postura diplomática en la relación con sus vecinos, incluyendo
a Nicaragua ?
El litigio viene de
vieja data y se origina en el mismo sentimiento de los nicaragüenses de ver tan
cerca las islas del archipiélago colombiano y no poseerlas y posiblemente en
los vacìos de los tratados Vàsquez-Saccio y Esguerra-Bàrcenas suscritos, y
otros tantos, aùn los dados en el pasado con Estados Unidos que pretendió
reclamar soberanía sobre los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana. Esta nota
textual explica de dònde surgiò olímpicamente la pretensión del “coloso del norte”: El "litigio", si así puede llamarse,
consistió en que los Estados Unidos, haciendo caso omiso a lo dispuesto en la
Real Orden de 1803 (orden del gobierno español que le adjudicò la pertenencia
al Virreinato de SantaFe *) y sin tener
en cuenta que en la América hispana no había territorios nullius o de nadie,
mediante una ley de 1856 dispuso que toda isla de guano que no tuviera dueño y
fuera descubierta por un ciudadano americano se consideraría como de los Estados
Unidos y publicó una lista de las "islas guaneras" que incluía a
Roncador y Quitasueño. En 1919, el presidente Wilson expidió una proclama en la
que declaraba que el cayo Roncador quedaba reservado para fines de erección de
faros. Es decir, que los títulos invocados por los Estados Unidos eran dos
declaraciones unilaterales, proscritas por el derecho internacional. No sòlo se adjudicò el derecho de instalar faros y ayudas de
navegación en estos cayos “ de nadie “, sino que en el tratado con Colombia de
1972 se consagra una especie de “ derechos históricos “ de pesca a favor de los ciudadanos y buques
americanos, con el agravante de que en su ejercicio no pueden intervenir ni el
Gobierno ni los ciudadanos colombianos.
En otro aparte del tratado de 1972 suscrito se sobreentiende que Quitasueño “ no es en el presente objeto de soberanía” por estar sumergido permanentemente en alta marea". Dudas y vacìos que le dieron alas a Nicaragua para reclamar o seguir reclamando su soberanía sobre estos territorios.
En otro aparte del tratado de 1972 suscrito se sobreentiende que Quitasueño “ no es en el presente objeto de soberanía” por estar sumergido permanentemente en alta marea". Dudas y vacìos que le dieron alas a Nicaragua para reclamar o seguir reclamando su soberanía sobre estos territorios.
De otro lado està la histórica posesión y pertenencia de todo
el archipiélago por parte de nuestra nación, avalado incluso con Ordenes Reales
españolas cuando constituìamos un virreinato.
Fàcil y ligeramente se puede pensar que le asiste a Nicaragua
el derecho de soberanía sobre San Andrès y las demás islas e islotes de este
Departamento por la cercanìa a su territorio continental ( sòlo 220 km de sus
costas orientales, mientras hay 775 km hasta la costa atlántica colombiana).
Sin embargo, no es el único caso que luego de diversas acomodaciones
geopolíticas (originados la mayoría de ellos en la colonización europea entre
los siglos XV y XIX), le ha sido reconocido a un país lejano territorios de
ultramar, ratificado con tratados internacionales entre los estados.
Quizàs el gran error
de Colombia consistió en someterse al dictamen de la Corte Internacional de La
Haya en el caso Nicaragua. Debió haber mantenido las conversaciones directas si
había lugar a ello y una fèrrea posición de defensa de la soberanía y de la delimitación marìtina
ya establecida. Y es lógico que le correspondiera, de acuerdo al derecho
internacional marítimo, las àreas de mar subyacentes y circundantes a las islas e islotes en
la extensión definida en los tratados ya suscritos. Y, aunque pueda pensarse
que igual derecho le asiste a Nicaragua sobre la extensión de su plataforma
marina continental, los tratados legales ya existentes lo habían determinado
sobre el meridiano 82, y punto. Y a ello debió atenerse el Estado colombiano,
sin someterse a ninguna instancia jurídica internacional.
Los intereses pueden ir màs allà del anhelo nacionalista de
Nicaragua de extender su zona marítima. Inclusive un contubernio entre los
intereses de Nicaragua y los intereses de inversionistas petroleros americanos,
se diò cuando esta nación ejerciendo arbitrariamente “ su soberanía”, en pleno
litigio, anunció permisos de exploración petrolera al oriente del meridiano 82,
permisos que se vieron reflejados en los movimientos de la Bolsa de Nueva York
dados en días pasados.
Si existìan roces y aùn atropellos de la guardia nicaragüense
a los pescadores colombianos en aguas colombianas, antes de la decisión de la
Corte, còmo será ahora con el fallo a su favor y còmo sería si Colombia rechaza
definitivamente este fallo. Ya el
ambiente està bastante caldeado. Las fuerzas navales colombianas patrullan la
zona constantemente haciendo presencia y garantizando la circulación libre de
los pescadores colombianos pero también emitiendo una señal de advertencia
militar. Los nicaragüenses no se
quedaràn atrás seguramente. Ya un alto militar o un alto funcionario público
expresó a la prensa de su paìs: “ estamos en capacidad de defender la soberanía
nuestra sobre lo que decidió la Corte, tenga la plena seguridad “
La sentencia de la Corte es a todas luces inconveniente,
inaplicable e inpertinente. Lo que seguramente se concibió como una decisión
salomónica generò mayor polaridad y distanciamiento, sin solucionar el
diferendo; atizò màs el fuego y Dios no lo quiera puede llevarnos al borde de
una confrontación militar.
Si el gobierno nacional acoge la propuesta de Uribe y otras
tantas personalidades del país, para què presentar recursos de aclaración, de
interpretación y no sè què otros màs ? Hacerlo es reconocer de hecho como viable
el fallo de la Haya. Y si se acoge a èl declare abiertamente la derrota y
reconózcale a Nicaragua su nueva posesión, y punto.
Escrito por JORGE ANTONIO DUQUE